Un grupo de comerciantes y ciudadanos denunciaron que fueron desalojados, este lunes, de la Alcaldía Municipal de Caroní cuando intentaban entregar, nuevamente, un documento ante la oficinas de tributos para solicitar el desbloqueo del sistema, y así cumplir con el pago de sus impuestos.
Afectados exigen que se les dé acceso al portal que estaría bloqueado desde el pasado 21 de enero, ya que les estarían condicionando que primero deben cancelar el servicio de aseo urbano.
Euler Rondón, miembro de la Asociación de Ciudadanos para el aseo urbano, mencionó que esté sería el tercer documento que entregarían a las autoridades.
Además, precisó que la semana pasada también introdujeron el escrito ante la Defensoría del Pueblo, ya que consideran arbitrario que la Alcaldía les impida pagar sus impuestos y los obligue a cancelar el servicio de aseo urbano (Fospuca) cuando no han realizado contrato o convenio alguno con la empresa.
De acuerdo a Rondón, esa arbitrariedad va en contra del artículo 133 de la constitución que establece que «toda persona tiene el debe de coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley».
«No sé entiende como el municipio se limita a cobrar sus tributos», cuestionó.
Acotó que han acudido a todas las instancias administrativas y jurídicas, recordando que recientemente introdujeron un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas.
Esto, luego de que el Tribunal Superior Contencioso de la Región Guayana no admitiera un recurso de amparo que introdujeron al momento de que les impidieran el acceso al sistema tributario.
Asimismo, dijo que solicitarán la derogación del decreto tarifario que impuso la Alcaldía.
Detalló que si bien la ordenanza dice que están sujetos todos las personas naturales y jurídicas, también indicó que «dichos montos no fueron discutidos en la Cámara Municipal, y tampoco se tomó en cuenta la opinión de la ciudadanía».
«Oferta engañosa»
Por otro lado, al hacer referencia a las propuestas que realizará Fedecámaras para lograr un consenso con las autoridades y establecer montos viales, Rondón indicó que la Asamblea de Ciudadanos surgió luego de que representantes de las distintas cámaras empresariales no «se pronunciaron al momento» a pesar de que el sector comercial fue el primer afectado.
Añadió que en su momento, la empresa llegó a un acuerdo con las cámaras ofreciéndoles un descuento de un 40% sobre las facturas.
Opción que cataloga de «oferta engañosa» ya que los comerciantes deben cumplir con ciertas condiciones, entre las que mencionó; cancelar el monto anual del servicio, además de que les estarían exigiendo el pago en divisas a través de una cuenta en el extranjero.
Convenio que, de acuerdo a Rondón, rechazaron por ser «ilegal» ya que ningún servicio público se puede cancelar en divisas. Rosangely Bruces
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