La Duma -cámara de diputados de Rusia- aprobó este martes 18 de abril una ley en la que permite establecer penas de cárcel de hasta cinco años para aquellos que colaboren con la Corte Penal Internacional (CPI), luego que esta instancia, que Moscú no reconoce, emitiera una orden de arresto contra el presidente de ese país, Vladimir Putin, por crímenes de lesa humanidad.
Este nuevo articulado permite a las autoridades de Rusia tomar acciones legales contra los que ayuden a organizaciones internacionales y organismos extranjeros en acciones que estén en detrimento de las leyes rusas, luego que en 2020 se decidiera que la legislación de la nación euroasiática estuviera por encima de las normas internacionales.
Viacheslav Volodin, presidente de la Duma, explicó que la medida se tomó por considerar que se registran “acciones ilegales” de organizaciones internacionales como la CPI.
Además de la pena de cárcel, quienes sean arrestados pueden también ser susceptibles de pagar multas de entre 300 mil a un millón de rublos, es decir, de 3.600 a más de 12 mil dólares.
La Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de captura el viernes 17 de marzo contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusándolo de ser responsable de crímenes de guerra cometidos en Ucrania, en concreto el traslado y la deportación de niños.
El Kremlin aseguró que Rusia no reconoce la jurisdicción de esa corte, por lo que sus decisiones tienen “un nulo valor jurídico”, mientras el subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, avisó de que el arresto de Putin sería equiparable a una 2declaración de guerra” y amenazó con bombardear con misiles la sede del tribunal en La Haya.
Agencias
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