El ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, informó este jueves 15 sobre la decisión del Gobierno nacional de expulsar del país a los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), por su supuestos “ataques exarcebados” contra Venezuela.
El gobierno venezolano da 72 horas a los 13 funcionarios de la Oacnudh para que se retiren del país. El canciller anunció además que se suspenden las actividades de esta Oficina y se revisarán los acuerdos firmados con ella en los próximos 30 días.
“Buscan crear una especie de tutela a nuestros poderes públicos(…)Esto en ningún Estado es tolerable. Esta oficina sigue un mandato de los Estados que forman parte de Naciones Unidas. Mal bien puede la Oficina osar responder por las informaciones(…) máxime cuando no ha ocurrido ninguna violación a los derechos humanos”, aseguró el canciller Gil en unas declaraciones desde la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Calificó la decisión como “administrativa” e insistió en que la Oficina del Alto Comisionado en Venezuela “se ha desviado de su mandato”. Afirmó que el trabajo que debería hacer esta instancia independiente de la ONU es “combatir los efectos” de las sanciones y denunciar las conspiraciones contra las autoridades venezolanas.
El canciller Gil también acusó a la Oacnudh de “falsear hechos y preclarificar acciones con mentiras, descalificaciones, desinformaciones y manipulaciones” sobre el país. También los señaló de incumplir con el mandato de la Carta de Naciones Unidas.
“No pueden ampararse en opiniones personales y subjetivas sobre cualquier hecho que pongan en tela de juicio el correcto accionar de nuestras instituciones(…)Nos preguntamos si este afán de la Oficina técnica también es aplicado para defender los derechos del pueblo venezolano que son violados a través de las medidas coercitivas unilaterales, de conspiraciones”, señaló.
Además, el canciller venezolano hizo un llamado “a retomar el respeto por la legalidad internacional”, y dijo que existe “voluntad” del gobierno nacional “de seguir cooperando con los mecanismos de protección de derechos humanos, siempre con respeto genuino”.
La Oficina de Cooperación Técnica del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos fue instalada –a través de la firma de un memorando de cooperación– en el año 2019, tras una visita de la entonces comisionada Michelle Bachelet, con el objetivo de revisar en el terreno las denuncias sobre violaciones a derechos humanos, así como brindar asistencia técnica al Estado para mejorar la situación en este sentido.
Tras la detención de la activista y abogada Rocío San Miguel, la Oacnudh indicó que podría tratarse de una desaparición forzada. Sin embargo, la mañana de este jueves se tomó nota de su lugar de detención y se solicitó que se respeten “las garantías del debido proceso, incluido el derecho a la defensa” de la presidenta de Control Ciudadano.
TalCual
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