Una de las principales barreras que presenta el sector inmobiliario se encuentra en los registros y notarías, que cobran entre 5% y 40% del valor total de la vivienda para registrar los documentos de compra-venta que legitiman la transacción.
Así lo afirmó el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), Roberto Orta, al explicar que esta irregularidad ocurre debido a que los registros y notarías tienen la potestad de estimar el valor del inmueble, elevando el precio muy por encima de lo que establece el mercado para que el porcentaje de 2% que establece la ley corresponda a un monto mucho más elevado.
“La Ley de Registros y Notarías establece un porcentaje máximo por el servicio público de la inscripción del documento donde se transfiere la propiedad de 2%, pero en la práctica, este arancel pasa a estar entre 5% y 40%. Es un impuesto a la compra que están pagando los venezolanos”, explicó.
Subrayó que los servicios que ofrece el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) son de carácter público y deben velar por el acceso a todos los venezolanos que quieran comprar un inmueble.
Como consecuencia de esta práctica, muchas de estas operaciones quedan únicamente en documentos privados, sin el registro correspondiente que ofrece seguridad jurídica, por lo que el mercado se distorsiona. También es posible que la compra simplemente no proceda al encontrarse con esta barrera en los registros.
“La gente puede desistir de la negociación porque no puede pagar esos altos aranceles. También pueden recurrir a documentos privados que no dan seguridad jurídica, porque no transfiere la propiedad. Causa una enorme preocupación porque muchas veces no se puede comprar la vivienda”, recalcó Orta.
Esta no es la única irregularidad que se presenta en los registros y notarías, puesto que el Saren también estableció una norma que impide ofrecer el servicio a extranjeros sin habilitación previa del mencionado organismo, un permiso que puede tardar meses en procesarse.
“Ni siquiera los extranjeros que residen en el país pueden registrar un documento de compra-venta de un vehículo o un poder, porque deben ser habilitados por el Saren antes de acudir al registro o la notaría. Eso es gravísimo porque cualquier documento donde esté un extranjero debe esperar una respuesta que puede durar meses o no llegar”, manifestó el presidente de la CIV.
Unión Radio
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