La Oficina del Defensor Público para las Víctimas, una instancia de la Corte Penal Internacional (CPI), solicitó a la Sala de Apelaciones de ese tribunal que desestime el recurso interpuesto por la administración de Nicolás Maduro para paralizar la investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
En su informe, publicado el pasado 13 de septiembre, la Oficina se opuso a los seis motivos invocados por la administración Maduro para solicitar la paralización de la investigación.
A juicio de esta instancia, la Sala de Cuestiones Preliminares I –que lleva la investigación sobre Venezuela– sí llevó a cabo correctamente sus actuaciones de conformidad con el artículo 18 del Estatuto de Roma, evaluó correctamente el alcance temporal de la investigación prevista por el fiscal Karim Khan y abordó correctamente los factores de admisibilidad, incluidas las actividades de las autoridades nacionales.
La Oficina también indicó que recibió comunicaciones de víctimas y sus representados donde se ratifica las observaciones hechas por la Sala de Cuestiones Preliminares I respecto a las escasas investigaciones y enjuiciamientos nacionales.
Las víctimas denunciaron a la CPI los retrasos significativos para obtener justicia, además del sobreseimiento de algunos casos sin la debida investigación, lo que impide nuevos procedimientos contra la persona acusada. Otros casos fueron desestimados por tribunales venezolanos al no considerar «que la conducta de los autores fuera de naturaleza delictiva o que los hechos en sí mismos no mostraban ningún elemento de criminalidad».
En particular, la Oficina del Defensor Público para las Víctimas de la CPI –autorizada el pasado 21 de julio para participar en este proceso– registró 159 casos de tortura, principalmente en centros de detención, sobre los cuales nunca se investigó, procesó o se les pidió que aportaran testigos. Esto confirma, a jucio de la Oficina, lo dicho por la Misión de Determinación de hechos sobre Venezuela respecto a una nula investigación de casos de tortura, incluyendo actos de violencia sexual.
También hay víctimas que expresaron tener al menos 10 años en espera de una investigación adecuada a los sucesos que sufrieron. Algunas de las víctimas secundarias por los sucesos de 2014, cuando se registraron decenas de asesinados en protestas contra el gobierno, denunciaron que la mayoría de los presuntos autores aún no han sido procesados.
“Sin embargo, durante todo este tiempo, las autoridades nacionales no han emprendido ninguna acción genuina para identificar y procesar a los presuntos autores. Por lo tanto, en la actualidad, el Tribunal es el único recurso judicial del que disponen las víctimas para buscar justicia”, señaló la Oficina de la CPI.
Agencias
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