El diputado de la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2020 Julio Chávez (PSUV) justificó este jueves 9 de febrero la existencia de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, que busca controlar y fiscalizar su proceder, debido a que aseguró que muchas de las ONG han sido usadas dentro y fuera del país para crear desestabilización en Venezuela.
En este sentido, denunció que muchas ONG que operan en Colombia, “captando venezolanos”, fueron usadas como “fachada” para actividades políticas y que son propiedad de dirigentes políticos como Gaby Arellano, José Manuel Olivares, Lester Toledo, Eduardo Battistini, Tomás Guanipa, David Smolansky y Julio Borges.
Manifestó que hay más de 40 ONG que operan desde Colombia que buscan perjudicar a Venezuela y dijo que había relación entre algunas de ese grupo con el tema de los presuntos campamentos de formación que, según denuncias del Ejecutivo, se tenían en el vecino país durante la administración de Iván Duque para «atacar» suelo venezolano.
Julio Chávez también expresó que con el interinato, que fue presidido hasta enero de 2023 por Juan Guaidó, se logró anular la representación consular en varios países y usar la figura de ONG para hacer trámites consulares y cobrar por ellos, culpándolas también de afectar las relaciones con otros países.
Al igual que en otros países, el parlamentario explicó que las ONG deben ser fiscalizadas y vigiladas; por lo que aquellas que realmente se apegan a sus principios de ayuda humanitaria y tengan sus cuentas transparentes y auditables no tienen nada qué temer para trabajar con normalidad.
No desaprovechó la oportunidad para mencionar que el trabajo que hacen algunas organizaciones en las cárceles -como el Observatorio de Prisiones, Foro Penal y Una Ventana a la Libertad- tienen una metodología de recibir recursos y generar una campaña contra el país en materia de derechos humanos, preguntándose cómo este tipo de instancias tienen recursos para poder viajar a Ginebra, donde funciona el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para denunciar al Estado venezolano en esta materia.
VTV
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