A consecuencia de las exigencias de la contraloría sanitaria, al menos 6 mil farmacias del país se verían obligadas a cerrar, así lo informó Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela.
Según esta providencia, los expendedores de medicinas tendrían que pagar más de 300 unidades tributarias por prestar servicios a la población.
«Es impresionante por una inspección de instalación te cobran 80 unidades tributarias por una inspección de funcionamiento 100 unidades tributarias por darte el permiso 120 unidades tributarias y 120 más por vender una inyectadora, llegaron al descaro que por ir un farmacéutico y pedir una audiencia técnica le están cobrando 4500 bolívares , es decir 30 unidades tributarias por hablar con un funcionario», acotó Ceballos.
En los próximos días la agrupación de farmacéuticos del país tienen previsto reunirse, mientras esperan que el presidente de la República, Nicolás Maduro, interceda en el tema que afecta los pacientes y a las farmacias pequeñas en todo el territorio nacional.
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