Este domingo, los ecuatorianos acudirán a las urnas para manifestar su apoyo o rechazo a las 11 preguntas de la consulta popular impulsadas por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.
La mayoría de los interrogantes están relacionados con el ámbito de la seguridad, como el rol de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado, el incremento de las penas en delitos graves y la posible extradición de ecuatorianos.
Ecuador está pasando por una profunda crisis de seguridad pública, registrando alrededor de 8.000 muertes violentas en 2023, la mayor tasa de homicidios en América Latina.
Pero también hay otras preguntas que han generado polémica como la de contratos de trabajo por horas y el arbitraje internacional para inversiones y asuntos comerciales.
El asalto a la embajada de México en Quito (que ocurrió el viernes 5 con el fin de capturar al exvicepresidente Jorge Glas) le trajo algunos costos importantes, como el quiebre de relaciones diplomáticas con el país liderado por Andrés Manuel López Obrador, la condena de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el cierre por parte de Venezuela de su embajada y consulados en Ecuador.
Además, la nación andina está sufriendo una grave crisis energética que ha llevado a Noboa a declarar emergencia en el sector eléctrico, a realizar “racionamientos temporales” (con cortes de hasta 5 horas al día), y a suspender durante dos días la jornada laboral (jueves 18 y viernes 19 de abril).
Aquí te contamos qué está en juego con la consulta popular y qué podría implicar para Ecuador la aprobación de las reformas que se plantean.
1. Militarización, extradición y endurecimiento de las penas
Desde que se intensificó la violencia en Ecuador, hace unos cinco años, las autoridades de ese país han decretado estados de excepción de forma regular con el fin de que las fuerzas armadas puedan apoyar a la policía a combatir el crimen organizado.
Una de los objetivos de la consulta popular es que se permita el apoyo complementario de los militares a las policías sin la necesidad de decretar estados de excepción.
Otra de las preguntas de la consulta popular relativa a la seguridad tiene que ver con las penas de los delitos.
Los ecuatorianos deberán responder si están o no de acuerdo con que se incrementen estas penas en casos como terrorismo, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas o tráfico de armas, entre otros.
Para ello, el país tendría que reformar el Código Orgánico Integral Penal.
Por otra parte, los electores deberán decidir si aceptan que algunos de sus compatriotas puedan ser extraditados por delitos tipificados en la legislación ecuatoriana.
La extradición ya fue rechazada en la anterior consulta popular promovida por el expresidente Guillermo Lasso en febrero de 2023, pero la situación en Ecuador se ha agravado aún más en el último año.
Daniel Noboa ha hecho hincapié en la necesidad de implementar esta medida con el fin de extraditar a “los más peligrosos”. Agencias
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