Amnistía Internacional denunció este martes que continúan impunes las violaciones de derechos humanos en las protestas ocurridas en Venezuela el año pasado.
El informe «Venezuela, los rostros de la impunidad», que la organización presentó este martes en Madrid, sostiene que el sistema judicial del país es objeto de interferencias por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
El estudio, realizado entre febrero y julio de 2014, documenta 43 muertos, 878 heridos y 3.351 detenidos durante las manifestaciones a favor y en contra del Gobierno de Venezuela entre febrero y julio del año pasado, 27 de ellas todavía a la espera de juicio.
AI afirma en su informe que, «lejos de mostrar su compromiso con el respeto a los derechos humanos», el Ejecutivo de Maduro emitió en enero de este año una orden por la que hace competentes a las Fuerzas Armadas en el control del orden público.
El director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, afirmó que las instituciones del Estado tienen el deber de tener «una clara orientación hacia la independencia y la imparcialidad».
«Cualquier gobierno o institución que establezca interlocución con el gobierno de Venezuela debe poner el respeto a los derechos humanos en el centro de la agenda, incluyendo en esta agenda el que no haya impunidad ante los graves abusos de derechos humanos que han tenido lugar», expresó.
Beltrán sostiene que es importante que «Venezuela vuelva al ámbito internacional de la Corte Interamericana y que acepte las visitas del inspector de Naciones Unidas y que las víctimas tengan acceso sin represalias a estos sistemas de vigilancia».
En el informe se hace referencia también a la detención, el pasado 19 de febrero, de Antonio Ledezma, alcalde de Caracas «en circunstancias que sugieren que su detención está políticamente motivada», según la organización.
Entre los detenidos a la espera de juicio, Amnistía Internacional documentó cinco casos y considera que están detenidos arbitrariamente. Entre ellos se encuentran Leopoldo López, coordinador nacional de Voluntad Popular; Daniel Ceballos, alcalde de San Cristóbal, estado Táchira, y Rosmit Mantilla, activista LGBTI.
Nuria García, que trabajó en el informe, dijo que han constatado que «la Fiscalía no ha presentado evidencias» contra ellos.
El informe recomienda que se libere sin demora a las personas detenidas, que las autoridades garanticen el derecho a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos a la justicia y que las autoridades se abstengan de hacer uso de las Fuerza Armadas en el control del orden público.
Manténte bien informado y recibe nuestro resumen de noticias. Únete al grupo de WhatsApp o canal de Telegram Síguenos en Instagram: @eldiariodeguayana
