Orangel Palma, miembro principal del movimiento 11 de Briquetera del Orinoco, antigua Orinoco Iron, denuncia una serie de vejaciones ocurridas dentro de la compañía en los últimos tres meses.
Asegura que a raíz de una asamblea permanente, que declararon en diciembre, la empresa introdujo ante el tribunal de Puerto Ordaz un recurso de amparo que –a su juicio- tuvo un único objetivo: criminalizar la protesta.
Revela que la manifestación surgió por el incumplimiento de una mesa técnica establecida con los sindicatos Sintraori y Sutrametal Bolívar, “luego de que este último y el patrono instalaran una mesa paralela en la Inspectoría del Trabajo”.
El coordinador regional sindical de Un Nuevo Tiempo (UNT) informa que en las reuniones iniciales se evaluaba la discusión del tabulador, la conformación de una comisión para el seguimiento de la contratación colectiva y la fijación de los diferenciales que existían en la hoja de cálculo.
Afirma que actualmente la clase obrera no goza de los beneficios de las prestaciones sociales ni de la caja de ahorro, por lo que pide al ministro de Industrias Básicas, Juan Arias, una revisión exhaustiva con respecto a los fondos que han ingresado a la factoría y que -según- no han sido cancelados por el presidente Wilfredo Villarroel.
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